miércoles, 12 de octubre de 2022 - 9:16 p.m.

Por Marga Parés Arroyo

La Oficina del Contralor encontró una serie de irregularidades en desembolsos emitidos por el Departamento de Salud como parte de los esfuerzos de la agencia por el control del COVID-19 en Puerto Rico, incluyendo fallas en la compra de pruebas de detección del virus y el pago de $17,550 por hand sanitizers que no se recibieron y no se encontró evidencia de haberle reclamado al proveedor por los bienes no recibidos.

De acuerdo con un informe publicado hoy (DA-23-02) sobre los fondos de ayuda para atender la pandemia de coronavirus, se encontraron deficiencias en la adquisición y recibo de bienes y servicios provistos por Salud, además de en sus desembolsos.

Como parte de la evaluación, se examinaron los expedientes de 21 órdenes de compras excepcionales por $25,719,5998. Estas fueron emitidas del 17 de marzo al 18 de mayo de 2020. Con estas se adquirió materiales de limpieza y desinfección, equipo médico, medicamentos, pruebas de detección del COVID-19, reactivos para las pruebas, equipo de protección personal, materiales de laboratorio y medicamentos, entre otras cosas.

Durante el análisis de esta información se encontró que el 22 de marzo de 2020, Salud emitió y pagó una orden de compra por $150,000 para adquirir materiales de limpieza y desinfección. En dicha orden de compra se solicitaron 100,000 hand sanitizers, de los que solo se recibieron 88,450 unidades el 31 de marzo de 2020.

“No se encontró evidencia en los expedientes de reclamaciones realizadas al proveedor por los bienes no recibidos y pagados”, sostiene el informe al indicar que la agencia, debido a esto, pagó $17,325, por 11,550 hand sanitizers que no se recibieron.

No obstante, sel secretario de Salud, Carlos Mellado, sosuvo que “los hallazgos tienen la finalidad de que se puedan corregir las deficiencias y se puedan mejorar los procesos. En ese sentido, los procesos de compras, desde noviembre de 2020 no se realizan en el Departamento de Salud, son procesos gestionados mediante la licitación de la Administración de Servicios Generales (ASG), y la licitación de la Administración de Servicios Generales (ASG) de acuerdo a la Ley 73-2019″.

Por otro lado, el informe detalla que en 19 órdenes de compra por la cantidad de $25,379,519 no se incluyó una cláusula sobre penalidades en caso de entregas tardías. Además, en tres de estas órdenes por $5,823,822 no se incluyó la fecha de entrega.

Mientras, para 18 órdenes de compra por $25,502,786, la directora de la Oficina de Compras y Subastas no envió ni obtuvo por escrito la recomendación del administrador auxiliar de Adquisiciones ni la autorización del oficial de Licitación de la Administración de Servicios Generales (ASG) antes de realizar las órdenes.

Además, para 14 órdenes de compra por $25,158,184 no se utilizó la Requisición de Materiales, Equipo y Servicio y no se establecieron las especificaciones de los bienes o servicios a adquirirse ni la cantidad de cada bien.

En adición, para 13 órdenes de compra por $20,086,331, emitidas del 17 al 25 de marzo de 2020, no se encontró evidencia en los expedientes que demostrara que se solicitaron cotizaciones a, por lo menos, tres proveedores o, por el contrario, las razones por las cuales no se solicitaron las mismas.

También se encontraron irregularidades en ocho órdenes de compra por $15,774,780 emitidas del 20 al 24 de marzo de 2020. Las compras eran para pruebas para la detección del COVID-19, equipo de protección personal, materiales de limpieza y desinfección, entre otras cosas. En estas órdenes no se proveyó evidencia del recibo de los bienes ni se encontró evidencia en el expediente de desembolso ni en el Sistema.

También se encontraron fallas en otras siete órdenes de compra, por $4,806,872, emitidas del 17 al 24 de marzo de 2020 para equipo médicos, materiales de limpieza y desinfección, artículos de laboratorio y medicamentos. Se supone que este cargamento se recibiera del 18 de marzo al 14 de julio de 2020. Sin embargo, 12 de los artículos se entregaron entre tres y 86 días más tarde de lo acordado.

Equipos recibidos por personal no autorizado para esta tarea, además de falta de documentación y el recibo de más equipo médico del ordenado fueron otras de las fallas detectadas.

Según el informe, tanto el doctor Rafael Rodríguez Mercado, exsecretario de Salud, como la doctora Concepción Quiñones de Longo dijeron no tener inherencia en los hallazgos encontrados mientras estuvieron dirigiendo Salud.

Rodríguez Mercado informó que al momento de los hechos ya él había renunciado. Quiñones de Longo indicó que solo firmó algunas órdenes de compra de pruebas y equipos de protección para los empleados de Salud. Según la pediatra, fue durante la incumbencia del doctor Lorenzo González cuando llegaron los fondos especiales para el manejo de la pandemia. González, se informó, no contestó una comunicación emitida por la Oficina del Contralor sobre estos hallazgos.

Mientras, el actual secretario añadió, “desde que llegué al Departamento impuse controles y medidas para garantizar el buen uso y responsable de los bienes del gobierno estatal y los fondos federales que recibimos, como ninguna otra agencia. Hemos sido rigurosos y continuaremos siendo firmes en el cumplimiento de la ley y de todas las regulaciones. Nuestro norte es servir bien al pueblo de Puerto Rico y nuestras acciones son cónsonas con esta meta”.

La Oficina del Contralor le recomendó a Mellado que se tomen las medidas necesarias para que el secretario auxiliar de Administración cumpla con las instrucciones correctas a sus empleados con relación a funciones de compradores. También se emitieron recomendaciones específicas al personal que solicita la compra de bienes y servicios, al director de Servicios Generales y al gerente fiscal.

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