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El ser humano, en su afán por dominar y transformar la naturaleza, a partir del siglo XVIII empezó a encauzar los ríos en buena parte de Europa. El encauzamiento de un río consiste básicamente en la eliminación de su vegetación de ribera, e incluso modificación de su recorrido original, eliminando curvas y meandros, y transformándolo en una especie de canal casi rectilíneo, flanqueado por motas (ribazos longitudinales de tierra), escolleras, e incluso paredes de hormigón. El objetivo de los encauzamientos era el de proteger las poblaciones y campos colindantes frente a posibles avenidas, pero sobre todo era el de ganar de forma “segura” espacio al río, especialmente en su llanura de inundación.

Desde el punto de vista ambiental, los encauzamientos producen un gran impacto, pues conllevan la transformación de la geomorfología del río, suponiendo la completa destrucción del bosque de ribera, con la consiguiente pérdida de biodiversidad. Su utilidad social resulta más que dudosa. Son numerosos los encauzamientos que se han llevado a cabo en España en las últimas décadas, que tan solo servían para proteger algunos campos de cultivo situados sobre la llanura de inundación natural del río, campos cuyo coste económico puede ser varias veces inferior a la inversión que han supuesto las obras del encauzamiento. Además, su utilidad resulta más que dudosa, cuando no contraproducente.

Cada cierto tiempo suelen producirse avenidas, que superan la delimitación de los encauzamientos, y a partir de ese momento el agua corre libremente, afectando a campos de cultivo y edificaciones de todo tipo. En este sentido, los encauzamientos aportan una sensación de falsa seguridad, como prueba que a continuación de los mismos, e incluso colindantes, se establezcan construcciones e instalaciones de todo tipo, pudiéndose producir auténticas tragedias humanas, como ocurrió en 1996 en Biescas (Huesca), donde una riada arrasó un camping matando a 87 personas; o en 1997 en el barrio de Cerro de Reyes, en Badajoz, donde el desbordamiento de dos arroyos mató a 25 personas. Tanto en Biescas como en Badajoz, los arroyos estaban encauzados.

Un ejemplo muy claro de la falta de eficacia de los encauzamientos lo tenemos en el tramo medio del río Ebro, donde se eliminaron bastantes meandros y se redujo la sección del río, flanqueándolo con motas. De hecho, en las fotos aéreas, todavía pueden verse los restos de los antiguos meandros inmersos entre campos de cultivo. Pues bien, a causa de ello, cada cierto tiempo se producen en el tramo medio del Ebro inundaciones que producen cuantiosos daños económicos. Para hacer frente a los mismos, se suelen plantear costosísimas actuaciones, de enorme impacto ambiental, como son la realización de dragados o el recrecimiento de las motas. Actuaciones que son de muy escasa utilidad, cuando no contraproducentes, pues el dragado de un río o el recrecimiento de una mota lo que puede conseguir es que su desbordamiento se produzca varios kilómetros más abajo, donde también suele haber edificaciones y campos de cultivo y, eso sí, con un volumen y velocidad del agua bastante mayor. Se trata de actuaciones que a los únicos que realmente beneficia es a las empresas constructoras que llevan a cabo las obras.

Hay un dicho muy cierto y que tarde o temprano siempre se cumple, y es que los ríos, cada cierto número de años, suelen hacer valer sus derechos de propiedad.

Por ello, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, consciente de la falta de utilidad de los encauzamientos, desde hace bastantes años lo único que recomienda frente a las avenidas es que, en vez de recrecer o construir nuevos encauzamientos, que no se establezcan construcciones u otros elementos de valor dentro de las llanuras de inundación. En varios países europeos también se está actuando en este mismo sentido. Concretamente en Alemania se están eliminando incluso algunos encauzamientos, recuperando los antiguos meandros de los ríos, así como sus llanuras de inundación.

En España también se están iniciando tímidos intentos en este sentido, como son algunos proyectos puntuales encaminados a la recuperación de meandros abandonados. Sin embargo, para la mayoría de las confederaciones hidrográficas y los organismos autonómicos encargados de la gestión del agua y los ríos, la construcción de encauzamientos convencionales sigue totalmente vigente. Y eso a pesar de lo indicado en el artículo 36 del Plan Hidrológico Nacional, en vigor nada menos que desde 2001, en el que se indica: En este sentido, en los nuevos encauzamientos se tenderá, siempre que sea posible, a incrementar sustancialmente la anchura del cauce de máxima avenida, revegetando estas áreas con arbolado de ribera autóctono. Asimismo, se respetarán en todo momento las condiciones naturales de las riberas y márgenes de los ríos, conservando su valor ecológico, social y paisajístico, y propiciando la recarga de los álveos y otros acuíferos relacionados con los mismos. Un artículo que no se ha respetado por parte de la mayoría de las administraciones antes mencionadas, encontrándonos con encauzamientos construidos en los últimos años por las confederaciones hidrográficas, situados en medio del campo y limitados por altas y verticales paredes de hormigón, como ocurre por ejemplo con el arroyo de Calzas Anchas, en Utrera (Sevilla). Un encauzamiento absurdo, que costó varios millones de euros, y que se hizo por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, bastantes años después de entrar en vigor ese artículo.

Otro ejemplo especialmente sangrante es el del encauzamiento que se hizo el año pasado en el río Híjar, en el entorno de Reinosa (Cantabria). Este, realizado por la Confederación Hidrográfica del Ebro y el Gobierno de Cantabria, supuso la completa destrucción del bosque de ribera en dos tramos del río Híjar, sustituyéndose por motas y escolleras de piedra. Y eso a pesar de que este río forma parte de la Red Natura 2000. Resulta lamentable que en 2021 todavía se llevasen a cabo en España actuaciones de este tipo, que suponen un atentado ecológico de magnitud suficiente como para que actuase directamente la Fiscalía.

Es necesario que actuaciones como las indicadas no vuelvan a repetirse en nuestro país. Los encauzamientos de los ríos deben pasar a formar parte del pasado, no llevándose a cabo ni uno solo más. Además, por razones tanto ambientales como de seguridad de las personas, desde las administraciones competentes debería procederse a la eliminación de una parte de los mismos, incrementando en cambio donde se pueda las llanuras de inundación y recuperando siempre el bosque de ribera, que reduce la velocidad del agua en las inundaciones, y por tanto sus efectos perniciosos. Es lo que están haciendo en otros países que tienen mucha más experiencia que el nuestro en la gestión natural de los ríos. Un modelo de gestión cuyas ventajas ambientales, sociales y económicas resultan más que evidentes.

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